Gobierno lanza Programa de Inclusión laboral para personas privadas de la libertad

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El Gobierno de la Provincia creó el Programa de Inclusión para personas adultas privadas de la libertad, que tiene como objetivo promocionar y facilitar el acceso al empleo a este sector de la sociedad.

 

La iniciativa fue creada a través de un decreto (373/22) del Ejecutivo donde se busca facilitar el acceso al empleo a: personas que han recuperado la libertad con condena cumplida, personas que se encuentran en libertad condicional y personas que se encuentran incorporadas al periodo de prueba para que se le otorgue la semilibertad o salida laboral, si es que reúnen los requisitos legales.

 

El programa establece un paquete de herramientas para incentivar la contratación laboral de esas personas. Entre ellas, quienes contraten como empleado/a algunas de las personas que hayan sido liberadas o estén en proceso de serlo accederán al reintegro de las cargas sociales de cada empleado/a en estas condiciones durante el período de un (1) año. Además, el instrumento legal define que se podrá otorgar pasantías laborales (becas totales o parciales de trabajo) para la prestación de funciones en contratos laborales con instituciones públicas y privadas. En este punto, se tendrá preferencia por las personas que tengan menores a cargo y el plazo de contratación de pasantía laboral será de un año con la posibilidad de renovar por un año más.

 

Se establece además la posibilidad de eximir del impuesto a los ingresos brutos a las empresas o personas que instalen actividades comerciales, industriales o de servicios dentro de las instituciones penitenciarias y otorguen empleo genuino a las personas privadas de libertad. Estas actividades estarán sujetas a las condiciones, deberes y derechos que determine el contrato que se firme entre la parte interesada y las autoridades del Servicio Penitenciario.

 

El ministro de Seguridad Gustavo Aguirre explicó que la esencia del programa es «intentar reducir los obstáculos que tienen determinados sectores para acceder o reinsertarse a distintos espacios de la vida social, en este caso, el mercado laboral. Este tipo de normativa muestra el interés del Gobernador en trabajar sobre las particularidades de cada sector social vulnerado para reducir los obstáculos que encuentran a la hora de acceder y ejercer plenamente sus derechos». En esta línea, destacó que el programa no es un hecho aislado sino parte de un esfuerzo sostenido del gobierno para crear recursos que garanticen el acceso al mercado laboral de distintos sectores sociales, tal como sucedió con las víctimas de trata, con la conversión de las becas y planes en relaciones laborales, o con los programas para fomentar el empleo registrado.

 

Desde Asesoría General de Gobierno marcaron que además de garantizar derechos individuales se trata de «la construcción de comunidades más seguras y solidarias. Creemos que con esta iniciativa daremos un paso adelante en el proceso de resocialización de las personas que cumplieron o cumplen una pena, porque al brindar más herramientas para poder reinsertarse en un mercado laboral damos lugar a redes de contención que mejoren la seguridad comunitaria. Mientras más personas puedan acceder a un trabajo digno, hay menos probabilidades de que reincidan», sostuvieron.

 

Autoridad de aplicación y funciones

 

La autoridad de aplicación para el presente régimen será el Patronato de Liberados dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, que deberá trabajar en forma coordinada con los ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, de Seguridad y de Industria, Comercio y Empleo.

 

De acuerdo a las competencias específicas, los organismos involucrados deberán cumplir con las siguientes funciones:

 

A) Crear y mantener actualizada la Bolsa Laboral con datos de personas postulantes y sus aptitudes laborales.

 

B) Crear un registro de puestos de trabajo disponibles en el ámbito público y privado, en coordinación con el Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos.

 

C) Asistir a las personas para su contratación en cualquiera de las modalidades de esta ley.

 

D) Requerir y recabar información de las empresas y personas comprendidas en los artículos precedentes y requerir al Ministerio de Industria, Comercio y Empleo la activación de los beneficios mencionados.

 

E) Instrumentar actividades para difundir y alentar las modalidades de contratación previstas en esta ley en instituciones públicas y privadas, de forma conjunta con el Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos.

 

F) Instrumentar, en coordinación con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, actividades dentro y fuera de la unidad penal destinadas a la inclusión y capacitación laboral de todas las personas privadas de libertad sin distinción del estado procesal de su causa.

 

G) Generar vínculos y convenios con otros organismos estatales, cooperativas y organizaciones civiles para facilitar la inclusión laboral de las personas privadas de libertad.

 

H) Elaborar cada seis (6) meses un informe detallado que describa los índices de reincidencia, fundamentalmente en los casos beneficiados por la presente ley.

 

Finalmente, el decreto ordena a la autoridad de aplicación realizar convenios con distintos organismos públicos y de la sociedad civil para llevar a cabo el análisis de la política pública implementada y un seguimiento de su impacto.

 

 

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